Así es la reforma hídrica integral que impulsa la legisladora Carmen de la Rosa en el Edomex

Ana Lilia García Castelán

Toluca, México.   La diputada local Carmen De la Rosa, integrante de la LXII Legislatura, impulsa una iniciativa que busca reformar 7 leyes y 4 códigos estatales para garantizar el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua. Se trata de una propuesta que, de aprobarse, transformaría la gestión del recurso hídrico en la entidad mexiquense, colocando al agua como prioridad en la agenda pública y legislativa.

La iniciativa plantea modificaciones a ordenamientos clave como la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, la Ley de Educación, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, así como al Código Penal y al Código Administrativo, entre otros.

En la Ley del Agua, se propone:

• Priorizar el consumo humano y doméstico en cualquier concesión o permiso.

• Reconocer sistemas comunitarios de agua y saneamiento sin fines de lucro.

• Crear el Fondo de Reserva de Aguas del Estado de México, para garantizar disponibilidad futura.

• Establecer incentivos económicos a usuarios que instalen sistemas de captación pluvial.

• Incluir la participación ciudadana en la gestión del recurso.

  
  

En el ámbito educativo y social, la reforma busca que las escuelas públicas, especialmente en zonas marginadas, cuenten con sistemas de captación pluvial y que niñas, niños y adolescentes sean educados en la cultura del agua. Además, los albergues del DIF deberán garantizar acceso al agua y medidas de higiene para la niñez migrante.

En el plano municipal, los ayuntamientos estarán obligados a implementar programas hídricos y reparar fugas de manera oportuna, mientras que los Consejos de Participación Ciudadana tendrán voz en la gestión del agua.

En el sector comercial y de servicios, negocios de alto impacto deberán instalar sistemas de ahorro y reúso de agua, y los lavaderos de autos solo podrán operar con agua tratada.

Finalmente, en los códigos penales y administrativos, se endurecen sanciones contra quienes contaminen, roben o restrinjan el flujo de agua, y se obliga a nuevas edificaciones a contar con sistemas de captación pluvial y naturación.

La reforma responde a una crisis hídrica alarmante: la disponibilidad de agua renovable en el Estado de México es de apenas 268 m³ por habitante al año, muy por debajo de la media nacional de 549 m³.

Además, las fugas en la red hidráulica superan el 40% del suministro, y la sobreexplotación de acuíferos amenaza la seguridad hídrica de millones de mexiquenses.

De aprobarse, la iniciativa permitiría:

• Garantizar acceso equitativo al agua potable.

• Fortalecer la infraestructura hídrica con visión sustentable.

• Proteger a grupos vulnerables mediante tarifas preferenciales y estímulos fiscales.

• Reducir la contaminación de ríos y cuerpos de agua estatales.

• Asegurar que las futuras generaciones cuenten con disponibilidad del recurso.

La legisladora morenista Carmen De la Rosa subrayó que la propuesta “busca armonizar la legislación estatal con la Ley General de Aguas y con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, destacando que el agua no debe ser vista como mercancía, sino como un derecho fundamental.