América Latina exige garantías para defender derechos humanos

(Agencias)

Las organizaciones, movimientos y procesos de defensa de derechos humanos de Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, así como las organizaciones internacionales Front Line Defenders, Swefor (Programa Servicio de Paz), Global Witness, Civil Right Defenders, ANSUR, Misereor, Mundubat, Amnistía Internacional y Protección Internacional Mesoamérica, reunidos en el Encuentro por el Derecho a Defender Derechos Humanos en América Latina, denunciamos el grave contexto de violencia que enfrentan las personas y comunidades defensoras de derechos humanos y el medio ambiente en la región latinoamericana.

Las personas defensoras de derechos humanos actuamos de manera individual y colectiva para promover, proteger, acompañar y exigir la garantía de los derechos humanos en poblaciones que son vulneradas. Es así que somos un pilar para el fortalecimiento de la sociedad democrática.

De acuerdo con los informes más recientes de Front Line Defenders, Global Witness y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), América Latina continúa siendo la región más peligrosa del mundo con al menos 257 personas defensoras de derechos humanos asesinadas y desaparecidas en 2024, de las cuales 119 son del medio ambiente, lo que representan el 79.3% de asesinatos y desaparición a nivel global. Los patrones y acciones sistemáticas de criminalización, impunidad, cooptación institucional, estigmatización y represión a la protesta social son crisis preocupantes en Latinoamérica.

Alertamos ante el incremento de violencias y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en la región, tales como asesinatos, violencia de género, el espionaje digital y la desaparición forzada se han convertido en prácticas para silenciar las voces que denuncian injusticias, exigen verdad y derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Con un riesgo diferenciado especialmente contra mujeres, campesinas, indígenas, afrodescendientes, garífunas y personas LGBTIQ+.

Como resaltan los informes mencionados, en la mayoría de los casos, los principales responsables son agentes del Estado, integrantes del crimen organizado, empresas y particulares que actúan en complicidad o bajo la omisión de las autoridades. A ello se suman redes político-económicas ilegales que operan como victimarios, consolidando estructuras de poder que amenazan la vida y el trabajo de quienes defienden la tierra, el agua, los bosques, el medio ambiente, los derechos colectivos, los derechos laborales, sexuales y reproductivos, la memoria, así como la libertad de expresión y asociación, y la justicia social frente a un sistema estructuralmente racista, colonial y excluyente.

Preocupa gravemente la estigmatización contra personas defensoras, como estrategia sistemática para deslegitimar su labor. Esta situación se agrava por el debilitamiento del Estado de derecho, las vigilancias ilegales y la falta de independencia judicial. Además, denunciamos el cierre de espacios públicos para la participación, la promulgación de leyes anti-ONG, otros mecanismos normativos que persiguen a las personas defensoras en toda la región y que limitan la cooperación internacional.

Por eso condenamos el patrón generalizado de retroceso en la garantía de derechos, al régimen democrático y al orden constitucional en la región. Son evidencia de ello: la instrumentalización de la figura de estado de excepción, la imposición de agendas extractivistas, el abuso de las fuerzas públicas de seguridad para reprimir la protesta social y militarización de los territorios, la persecución y la violencia transnacional en contra de personas defensoras. Esto en el marco de una política exterior actual de Estados Unidos abiertamente militarista.

Ante este panorama, hacemos un llamado urgente a los Estados a cumplir con la normatividad internacional en materia de derechos humanos, respetar y garantizar la labor de las personas y colectivos que defienden derechos, incluido el Acuerdo de Escazú, y a abstenerse de promulgar normativas regresivas.

Exhortamos a la solidaridad regional e internacional y a la cooperación para mantener y ampliar el respaldo político, social y económico a quienes defienden los derechos humanos. Defender derechos no es un delito, sino un acto legítimo y esencial para la democracia, la justicia y la dignidad.