Aborto gratuito y universal, propone Zaira Cedillo

La diputada Zaira Cedillo (morena) planteó la práctica efectiva del aborto en beneficio de las personas solicitantes, así como condiciones seguras para el personal de salud que lo realiza.

Propuso que se practique sin condicionamiento, de manera imparcial y libre de violencia, estigma o discriminación hacia las mujeres y personas gestantes que lo soliciten.

Redacción El Monitor

Toluca, México. Con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva del aborto legal antes de las 12 semanas de gestación —en beneficio tanto de las personas gestantes como del personal médico y de enfermería que lo practica—, la diputada Zaira Cedillo Silva (morena) propuso que las instituciones estatales de salud brinden atención médica gratuita, universal y de calidad a quienes soliciten este servicio.

La iniciativa, que propone modificaciones a las leyes de Educación, Asistencia Social y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los códigos Administrativo y Civil —todos de carácter estatal—, detalla que esta atención se prestará sin condicionamiento, de modo imparcial y libre de violencia, estigma o discriminación a las mujeres y personas gestantes que, de forma informada y voluntaria, soliciten la interrupción legal del embarazo.

La proponente enfatizó que su iniciativa fortalece el marco legal en materia de prevención del embarazo adolescente; educación sexual y reproductiva; prohibición de la violencia obstétrica; disponibilidad de métodos anticonceptivos; así como atención médica y psicológica integral durante la interrupción legal del embarazo.

La propuesta impulsa el acceso a información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los riesgos, consecuencias y efectos del procedimiento, además de los apoyos y alternativas disponibles, con el fin de que la mujer o persona gestante pueda tomar una decisión libre, responsable e informada.

También plantea reconsiderar el concepto de persona, para establecer que es el ser humano nacido y viable, reconociendo que la personalidad jurídica comienza con el nacimiento. Este concepto busca evitar interpretaciones que limiten los derechos de las mujeres y personas gestantes en relación con su autonomía y su derecho a decidir.

Asimismo, establece la obligación de los servicios de salud pública estatales para contar con personal capacitado y recursos necesarios que brinden una atención digna y segura en este proceso.

Promueve la disponibilidad de servicios de planificación familiar y anticoncepción tanto para hombres como para mujeres y personas con capacidad de gestar, asegurando un enfoque integral en salud reproductiva.

Reconoce el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud, pero fija mecanismos claros y específicos para que este derecho no interfiera en el acceso al aborto seguro. Además, establece que el Estado deberá garantizar la presencia de personal no objetor en las instituciones de salud y, en caso de no contar con dicho personal, estas deberán remitir de manera inmediata a la paciente a otra unidad que esté en condiciones de brindar el servicio.

La propuesta incorpora la educación sexual integral, la planificación familiar y la prevención del embarazo adolescente en los programas educativos y de salud de la entidad, de manera adaptada a la edad, el desarrollo cognitivo y la madurez de niñas, niños y adolescentes, asegurando que reciban información adecuada, accesible y pertinente sobre temas de salud sexual y reproductiva.

En su lectura, la parlamentaria proponente advirtió que la realización del aborto, mediante procedimientos inseguros y riesgosos, se agrava cuando la mujer o persona gestante es adolescente. Recordó que, de acuerdo con el Consejo Estatal de Población, en 2022 se registraron 580 nacimientos en adolescentes menores de 15 años y 32 mil 276 nacimientos en adolescentes de entre 15 y 19 años.

Por otra parte, señaló que el Estado de México es la segunda entidad de procedencia de personas que buscan servicios de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Esto indica que la cercanía entre demarcaciones es un factor determinante, pero también evidencia que existen distintos niveles de acceso a los derechos de salud dependiendo del lugar de residencia.

En este contexto, subrayó que más de 77 mil mexiquenses acudieron a la Ciudad de México con este propósito entre 2007 y 2024, lo que incrementa la deuda histórica del Estado con las mujeres.

Por lo anterior, advirtió sobre las consecuencias de un sistema legal que criminaliza a las mujeres por abortar, pues son particularmente perjudiciales ellas, quienes además son vulneradas por otros tipos de violencia.

Al respecto, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) solicitó que se incluya en el análisis de esta iniciativa la que ella presentó con anterioridad y es similar en su temática.

En este sentido, la diputada Zaira Cedillo explicó que la iniciativa inicial que despenalizó el aborto incluía también la que ahora se plantea, y llamó a la Junta de Coordinación Política y la Secretaría de Asuntos Parlamentarios a darle curso.

La congresista Selina Trujillo Arizmendi (morena) confirmó que en su origen se trató de una iniciativa integral, que no sólo otorgaba a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sino que disponía la responsabilidad del Estado de garantizar la salud de quienes lo solicitan.

La diputada Paola Jiménez Hernández (morena) recordó que la aprobación del aborto fue impulsada por varias fuerzas políticas, pero particularmente por la bancada de morena.