EDITORIAL

Luego del resultado de la elección del pasado primero julio, y con la reciente instalación de la LX legislatura del Estado de México, con mayoría de un color diferente al del Ejecutivo estatal, la entidad se enfrenta a dos corrientes políticas diferentes, que bien podrían pasar factura a la ciudadanía.

La responsabilidad que tendrán que enfrentar los nuevos legisladores de oposición, es equiparable con la que ya tiene el gobierno Delmacista, ante la carga social y el “legado maldito” de la pasada administración, que dejó muchos pendientes y agravios, que la población se cobró de entrada en las urnas.

Con el arribo de la oposición al Congreso local, el Estado de México, -referente a nivel nacional-, entra a una nueva era política de la que muchos esperan demasiado. Hoy como nunca, las “negociaciones” entre los grupos políticos que avasallan los “morenistas”, tendrán que efectuarse “con pinzas”; el ojo ciudadano acecha a quienes la voluntad popular llevó a la Cámara de Diputados, y presiona a quien gobierna la entidad.

Se antoja que los pendientes que mantiene el Ejecutivo con la sociedad, son equiparables a los que dejaron a sus sucesores los diputados salientes. En tierra mexiquense, -la más poblada a nivel nacional y con enormes contrastes-, hay expectativas de redención social, que estimulan la participación popular, con incalculables “consecuencias”, tanto para los que se van, como para los que llegan… millones de mexiquenses aguardan ávidos el “resplandor” de la equidad, el contrapeso que anunció desde la máxima tribuna del legislativo, el nuevo Coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández, en el marco del inicio del Primer Periodo Ordinario de sesiones de la LX legislatura, que contó con la presencia del gobernador Alfredo Del Mazo.

De cara a su primer informe de gobierno, el mandatario estatal, seguramente no se perderá “en gritos y sobrerazos”, como pidió hace unos días el líder de Jucopo, seguramente sabrá adaptarse a la nueva realidad del Estado de México, que avalan 63 de los 75 diputados locales de oposición.

Ana Lilia García Castelán