Redacción El Monitor
Toluca, México. – La iniciativa propone incrementar hasta en dos terceras partes las sanciones cuando los responsables sean padres, tutores o personas encargadas del cuidado de niñas, niños y adolescentes.
La diputada Alexia Dávila Sánchez presentó ante el pleno de la Legislatura del Estado de México una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes induzcan, obliguen o incorporen a menores de edad a actividades delictivas, particularmente cuando los responsables sean personas encargadas de su cuidado.
La propuesta, impulsada de manera conjunta con el coordinador parlamentario del PAN, Pablo Fernández de Cevallos González, contempla reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal mexiquense para incrementar hasta en dos terceras partes las penas cuando el delito sea cometido por quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia, educación o alguna otra función de cuidado.
Durante la presentación de la iniciativa, Dávila Sánchez señaló que, de acuerdo con cifras de organizaciones como REINSERTA, UNICEF y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), más de 30 mil menores participan en actividades delictivas en el país, ya sea de manera obligada, mediante manipulación o debido a condiciones de vulnerabilidad.
Entre las actividades en las que son involucrados se encuentran labores de vigilancia para grupos criminales, conocidas como «halconeo», el transporte de sustancias ilícitas y, en los casos más extremos, su participación como sicarios.
La legisladora sostuvo que quienes tienen la responsabilidad de proteger y garantizar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes no deben convertirse en quienes los introduzcan a entornos delictivos.
Explicó que la legislación estatal ya establece sanciones para las personas que induzcan, obliguen, procuren o faciliten la participación de menores en actividades ilícitas; sin embargo, consideró necesario establecer un castigo mayor cuando estas conductas sean cometidas por personas que mantienen una relación de autoridad, cuidado o responsabilidad familiar con las víctimas.
La iniciativa busca establecer una protección reforzada para los menores, al considerar que su incorporación a dinámicas criminales vulnera su autonomía, seguridad y proyecto de vida.
El planteamiento deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para su análisis y eventual dictaminación.






