El fallo de la Corte Internacional de Justicia podría marcar un precedente para otros procesos, entre ellos la denuncia de Sudáfrica contra Israel por los acontecimientos en Gaza.
(Agencias)
La posibilidad de que un Estado sea declarado responsable de genocidio vuelve a colocarse en el centro del debate internacional. Este jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, tiene previsto pronunciarse sobre la demanda presentada por Gambia contra Myanmar por las agresiones y la persecución sistemática contra la minoría musulmana rohingyá.
La resolución podría convertirse en un antecedente relevante para futuros procedimientos relacionados con crímenes de esta naturaleza, particularmente el caso promovido por Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio en la Franja de Gaza.
Uno de los principales obstáculos para acreditar este delito es demostrar que existió la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Así lo establece la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948 y respaldada por 153 países.
El documento internacional contempla cinco conductas que pueden configurar este crimen: asesinar integrantes de un grupo, causarles daños físicos o mentales graves, imponer condiciones que provoquen su destrucción, impedir nacimientos o trasladar por la fuerza a menores hacia otro grupo.
Sin embargo, acreditar que estos actos fueron realizados con la intención de exterminar a una colectividad representa una de las mayores dificultades para los tribunales internacionales.
Un largo camino para conseguir justiciaLa historia de este concepto está relacionada con el jurista polaco Raphael Lemkin, quien acuñó la palabra genocidio durante la Segunda Guerra Mundial para describir las políticas de exterminio y persecución implementadas por el régimen nazi.
Pese a que el término apareció durante los juicios de Núremberg, los responsables nazis no fueron condenados formalmente por ese delito bajo una sentencia específica.
Décadas después, en 1998, el ruandés Jean-Paul Akayesu se convirtió en la primera persona condenada por genocidio por un tribunal internacional, debido a los crímenes cometidos durante las matanzas de 1994 en Ruanda.
Otro precedente importante ocurrió en Srebrenica, Bosnia-Herzegovina, donde alrededor de 8 mil hombres y niños musulmanes fueron asesinados en 1995 por fuerzas serbobosnias. Los tribunales internacionales reconocieron estos hechos como genocidio.
También se han emitido condenas relacionadas con los crímenes perpetrados durante el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya.
Gaza, otro proceso bajo observaciónLa resolución sobre Myanmar también es observada por su posible influencia en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
En 2024, este organismo ordenó medidas provisionales para proteger a la población palestina y exigió acciones para prevenir actos contemplados en la Convención contra el Genocidio, además de solicitar que se preservaran las pruebas relacionadas con las acusaciones.
Por otra parte, la Corte Penal Internacional, que tiene facultades para juzgar a personas y no controversias entre Estados, emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La diferencia entre ambos tribunales resulta fundamental: mientras la Corte Internacional de Justicia resuelve controversias jurídicas entre países, la Corte Penal Internacional investiga y juzga la responsabilidad penal de individuos.
La decisión sobre Myanmar podría contribuir a precisar los criterios jurídicos para determinar cuándo una campaña de violencia constituye genocidio y cuáles son las pruebas necesarias para establecer la responsabilidad de un Estado.






