Basificación pendiente, retrasos salariales, prestaciones en disputa y carencias de insumos exhiben las dificultades que enfrenta parte del personal sanitario; en el Estado de México, las protestas de IMSS-Bienestar han puesto el problema en el centro del debate público
Claudia Zavala Martínez
Toluca, México.- Detrás de los hospitales, las consultas y las jornadas de atención médica existe una realidad que también exige respuestas: la de los trabajadores de la salud que reclaman certidumbre laboral, salarios oportunos, prestaciones y condiciones adecuadas para desempeñar sus funciones. En instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar y los servicios estatales de salud, las condiciones laborales dependen de distintos regímenes de contratación, por lo que las demandas deben analizarse de acuerdo con cada institución.
Sin embargo, en el Estado de México, las inconformidades del personal de IMSS-Bienestar han dejado evidencia de que los problemas no se limitan a una sola exigencia. El 18 de agosto de 2026, trabajadores de distintas unidades médicas se manifestaron en varios municipios para reclamar el pago de salarios, prestaciones y mejores condiciones laborales, además de denunciar la falta de material médico para atender a los pacientes. Las movilizaciones alcanzaron vialidades y hospitales de Ecatepec, Cuautitlán, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Toluca, entre otros puntos.
Uno de los problemas que mayor incertidumbre genera es la situación contractual. Trabajadores entrevistados durante esas movilizaciones señalaron que algunos continúan bajo contratos temporales, sin certeza de permanencia ni acceso a las prestaciones que esperan recibir. La renovación periódica de contratos, cuando existe, obliga al personal a permanecer pendiente de decisiones administrativas que pueden determinar su continuidad laboral. Para quienes han dedicado años al servicio público, la basificación representa una demanda de estabilidad y reconocimiento a su trabajo.
El tema adquiere mayor relevancia porque en junio de 2024 IMSS-Bienestar anunció, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, un proceso de basificación que contemplaba 9 mil 260 plazas definitivas para personal médico, de enfermería y paramédico. El anuncio constituyó un compromiso institucional para mejorar las condiciones de quienes laboraban con contratos precarios; no obstante, esa cifra por sí sola no permite determinar cuántas personas continúan pendientes de regularización en 2026. Para conocer el alcance real del proceso se requiere información actualizada sobre plazas asignadas, trabajadores beneficiados y casos aún sin resolver.
A la incertidumbre laboral se suman los reclamos económicos. Durante las movilizaciones de agosto, personal de IMSS-Bienestar denunció retrasos en el pago de la primera quincena del mes y exigió el cumplimiento de prestaciones, entre ellas apoyos relacionados con la canasta básica y bonos. El conflicto también puso sobre la mesa una pregunta fundamental: quién debe responder administrativa y financieramente por los trabajadores cuyos servicios fueron transferidos al esquema federal. La falta de claridad sobre responsabilidades, según los testimonios publicados, alimentó el malestar y la exigencia de establecer mesas de diálogo con capacidad para resolver los pendientes.
Las prestaciones, los uniformes, los nombramientos y las condiciones de seguridad laboral también forman parte de las inconformidades documentadas en el sistema. En febrero de 2026, trabajadores de IMSS-Bienestar procedentes de distintas entidades, incluido el Estado de México, acudieron a Palacio Nacional para solicitar la intervención federal ante denuncias por desabasto, falta de uniformes, irregularidades en nombramientos y ausencia de mecanismos de seguridad e higiene. También pidieron que se atendieran sus planteamientos mediante reuniones con funcionarios capaces de tomar decisiones.
Pero el conflicto no termina en las condiciones de contratación. La falta de medicamentos, material de curación y equipo suficiente puede convertir cada jornada en un desafío para quienes tienen la responsabilidad de atender a los pacientes. Durante las protestas en el Estado de México, trabajadores señalaron que las carencias de insumos dificultaban su labor y que algunas familias tenían que buscar medicamentos por su cuenta. Cuando una unidad médica no dispone de los recursos necesarios, el personal queda expuesto a la presión de pacientes y familiares que esperan una atención completa, aun cuando los trabajadores no controlan las compras, el presupuesto ni la distribución de suministros.
Las condiciones de infraestructura, el equipamiento y la disponibilidad de espacios adecuados son igualmente importantes. Un hospital requiere mantenimiento, instrumentos funcionales, áreas seguras y recursos suficientes para brindar atención oportuna. Cuando existen deficiencias, las consecuencias pueden alcanzar tanto a quienes trabajan en las unidades como a la población que depende de ellas. Por ello, las demandas laborales no deben analizarse de manera aislada de las condiciones materiales en las que se prestan los servicios médicos.
En el caso del IMSS y el ISSSTE, es necesario distinguir sus situaciones de las denunciadas específicamente por trabajadores de IMSS-Bienestar. Aunque las cuatro referencias institucionales forman parte del sistema público de salud, sus esquemas laborales, presupuestos y mecanismos administrativos no son idénticos. No sería correcto atribuir automáticamente a todo el personal del IMSS, del ISSSTE o del sector estatal los mismos retrasos salariales o carencias reportados en determinadas unidades de IMSS-Bienestar. Lo que sí resulta pertinente es exigir transparencia sobre las demandas recibidas, los procedimientos de atención y las condiciones de trabajo de cada institución.
Otro punto que requiere seguimiento es la respuesta de las autoridades. Cuando los trabajadores recurren a manifestaciones, paros o bloqueos para hacer visibles sus peticiones, el problema deja de ser únicamente administrativo y se convierte en un asunto de diálogo institucional. Las autoridades deben informar qué compromisos han asumido, cuáles se han cumplido y qué asuntos continúan pendientes. De la misma manera, las organizaciones sindicales y las representaciones laborales pueden contribuir a transparentar los acuerdos y a comunicar los resultados de las negociaciones.
La responsabilidad también debe medirse a partir de resultados. No basta con anunciar procesos de regularización o instalar mesas de trabajo si no existe información que permita verificar avances. Para evaluar la situación se necesitan datos actualizados sobre personal contratado, plazas definitivas otorgadas, salarios cubiertos en tiempo, prestaciones pendientes, disponibilidad de insumos y condiciones de infraestructura. Sin esos elementos, resulta difícil conocer la dimensión completa de los problemas y determinar qué autoridades deben intervenir en cada caso.
La situación plantea un desafío tanto para el Gobierno de México como para el Gobierno del Estado de México y las autoridades responsables de cada institución. Resolver las demandas exige coordinación, claridad presupuestaria y compromisos verificables. También requiere escuchar al personal sanitario sin confundir las responsabilidades de las distintas dependencias y sin reducir las inconformidades a un problema de movilización social.
Al final, la exigencia de los trabajadores no puede separarse del derecho de la población a recibir servicios de salud adecuados. Quienes atienden a los pacientes necesitan condiciones laborales dignas, certeza sobre sus ingresos y herramientas suficientes para realizar su trabajo. Mientras las demandas permanezcan sin una solución documentada, persistirá la necesidad de que las autoridades rindan cuentas y expliquen qué medidas adoptarán para atenderlas.
La pregunta de fondo es si las instituciones lograrán transformar los reclamos en soluciones concretas. Para los trabajadores, la respuesta se reflejará en sus contratos, salarios y prestaciones; para los pacientes, en la disponibilidad de medicamentos, equipos y personal. En ambos casos, el reto consiste en que los compromisos oficiales se traduzcan en resultados comprobables.
