Con 325 votos a favor, el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro avaló modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor que obligan a proveedores de internet y plataformas a retirar contenidos infractores, fijando sanciones que superan los 4.6 millones de pesos
Redacción El Monitor
Ciudad de México. En medio de un intenso debate legislativo y severas advertencias de la oposición sobre eventuales violaciones a la libertad de expresión, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general, por 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención, el dictamen de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria para Proveedores de Servicios de Internet (PSI). La iniciativa, bautizada coloquialmente por legisladores de oposición como la «Ley Antimemes», busca adecuar el marco normativo digital nacional a los compromisos adquiridos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El proyecto de ley introduce cambios sustanciales a los artículos 114 Octies, 114 Nonies y 232 Septies de la legislación autoral. Entre sus aspectos centrales se establece la figura de responsabilidad para las empresas que administran servicios de internet y redes sociales, obligándolas a implementar sistemas eficaces de notificación y retirada rápida de contenidos que violen derechos de propiedad intelectual, así como a suspender o cancelar el servicio a usuarios con infracciones reincidentes.
Adicionalmente, el texto otorga facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para imponer multas administrativas a las plataformas y proveedores que omitan atender dichos avisos. Estas sanciones económicas contemplan montos de hasta 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a más de 4.6 millones de pesos, acompañadas de penalizaciones diarias acumulativas en casos de incumplimiento persistente.
Durante la sesión ordinaria, la bancada mayoritaria de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde promovieron y defendieron la reforma argumentando que no se trata de un mecanismo de mordaza o censura, sino de una armonización jurídica indispensable para combatir el pirateo masivo y salvaguardar el patrimonio de creadores, músicos, fotógrafos y autores en el entorno digital. La diputación promovente enfatizó que las plataformas no incurrirán en responsabilidad objetiva automática por los actos cometidos por sus usuarios, siempre que actúen con prontitud tras recibir la solicitud formal del titular de la obra.
Por su parte, las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), respaldadas por organizaciones de derechos digitales, manifestaron un rechazo categórico. La oposición sostuvo que el mecanismo de remoción expedita facilitará que las plataformas eliminen de forma automatizada contenidos humorísticos, sátiras, sátira política, parodias, memes o materiales periodísticos que hagan uso incidental de imágenes o videos protegidos, vulnerando el derecho constitucional a la libertad de información y libre manifestación de las ideas.
Asimismo, el dictamen integra regulación sobre el uso no autorizado de elementos de la identidad personal —tales como imagen, rostro o voz— procesados mediante herramientas de inteligencia artificial o deepfakes, planteando un esquema de protección frente a la edición y distribución digital sin consentimiento expreso. Tras la votación en lo general y el desahogo de las reservas en lo particular, el proyecto continuará con el trámite legislativo correspondiente para su remisión al Senado de la República.
