13 % de los adolescentes de 12 a 17 años en el país fue víctima de abuso o explotación sexual a través de tecnología en el último año.
47 % de las víctimas enfrentó múltiples agresiones, sufriendo violencia reiterada mediante redes sociales, mensajería, videojuegos e inteligencia artificial.
Ana Lilia García Castelán
Toluca, México. Un total de 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes en México han sido víctimas de abuso o explotación sexual facilitados por la tecnología en el último año. Así lo revela el informe internacional Disrupting Harm en México, presentado en el Congreso del Estado de México con el respaldo del diputado Rigoberto Vargas Cervantes.
Las cifras presentadas por José Antonio Ruiz Hernández, oficial del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dibujan un panorama crítico sobre los entornos digitales en el país:
- 1 de cada 8 menores (13 %) ha padecido alguna modalidad de ciberviolencia sexual.
- Casi la mitad de los afectados (47 %) fue agredido en más de una ocasión.
- Las agresiones más frecuentes incluyen el envío de contenido explícito no deseado, la coerción para obtener fotos o videos íntimos y el ofrecimiento de dinero o regalos a cambio de material sexual.
Alerta por reclutamiento en videojuegos y redes sociales
Durante el encuentro, la diputada Maricela Beltrán (MC) advirtió que en la entidad mexiquense existen antecedentes documentados de captación de menores a través de redes sociales y videojuegos en línea mediante invitaciones directas.
Por su parte, la legisladora María del Consuelo Estrada (PT) enfatizó la urgencia de involucrar al sector magisterial para fomentar el uso responsable de la tecnología en las aulas y hogares, mientras que especialistas en protección infantil señalaron que ningún entorno —familiar, escolar o digital— ofrece protección total.
Sobre el estudio
El informe Disrupting Harm es fruto del esfuerzo conjunto entre ECPAT International, INTERPOL, Unicef e investigadoras internacionales, financiado por Safe Online. Para su elaboración en México y otros cuatro países de la región (Brasil, Colombia, Costa Rica y República Dominicana), se aplicaron encuestas a adolescentes de 12 a 17 años, sus familias, operadores de justicia y proveedores de atención a víctimas.
