Mientras el partido oficialista asegura que el proceso responde a una investigación judicial por huachicol fiscal, la oposición acusa persecución y uso político de la FGR.
(Agencias)
La dirigencia nacional de Morena rechazó categóricamente que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una “venganza política” o a la creación de una cortina de humo. El partido sustentó que la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) responde a una orden de aprehensión otorgada por un juez tras investigaciones por presunto contrabando de combustible y delincuencia organizada.
Ernesto Ruffo Appel, emblemático líder panista por haber sido el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, enfrenta señalamientos vinculados al manejo de esquemas de «huachicol fiscal» e importación irregular de hidrocarburos. De acuerdo con las indagatorias federales, el caso involucra una red de distribución y evasión hacendaria con un impacto millonario a las finanzas públicas.
Frente al respaldo que el exmandatario ha recibido por parte de distintos liderazgos políticos, en Morena señalaron que la oposición intenta «encubrir a un delincuente» en lugar de permitir que las instituciones actúen conforme a la ley. La postura oficial del partido sostiene que no se protegen intereses particulares ni se instrumenta la justicia con fines electorales, reafirmando que no habrá impunidad en los delitos que atentan contra el patrimonio nacional.
Por su parte, agrupaciones políticas como Acción Nacional y la organización Somos México calificaron el arresto como una acción desmedida y una persecución política. Los señalamientos de la oposición acusan al gobierno federal de usar la procuración de justicia para desviar la atención mediática de otros focos de controversia que involucran a cuadros del propio partido gobernante.
Mientras el trámite judicial avanza ante las autoridades competentes y la FGR desahoga las pruebas correspondientes, la defensa legal del exgobernador promueve los recursos pertinentes para apelar las medidas cautelares impuestas. El caso promete mantenerse en el centro del debate público como un punto clave en la agenda de procuración de justicia y combate a la corrupción hidrocarburífera
