Semar fija postura tras captura de contralmirante: “La ley es para todos”

(Agencias)

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) fijó una postura pública que busca subrayar su política interna de cero tolerancia a la corrupción, luego de que se confirmara la detención en Argentina del excontralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por su presunta participación en una red de “huachicol fiscal”.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la institución sostuvo que “la ley es para todos”, en un posicionamiento que, más allá del caso individual, apunta a enviar una señal hacia dentro y fuera de la corporación: el combate a redes ilícitas también alcanza a mandos de alto nivel. La declaración ocurre en un momento en que las Fuerzas Armadas han ampliado su papel en tareas de seguridad, control de aduanas y manejo de infraestructura estratégica, lo que ha incrementado el escrutinio público sobre sus mecanismos de control interno.

La captura de Farías Laguna —realizada por autoridades argentinas tras su ingreso con documentación presuntamente falsa— no solo abre un frente judicial internacional, sino que revive cuestionamientos sobre la infiltración de estructuras criminales en áreas clave del Estado mexicano. De acuerdo con las investigaciones, la red a la que se le vincula habría operado mediante esquemas de importación irregular de combustibles, declarados como productos distintos para evadir impuestos, con presencia en puertos estratégicos del país.

El caso no es aislado. Se da meses después de la detención de otro alto mando naval, también ligado a la misma estructura, lo que ha obligado a la institución a reforzar su narrativa de depuración interna. Ambos exfuncionarios ya fueron dados de baja, en un intento por deslindar responsabilidades institucionales de conductas individuales.

Especialistas en seguridad advierten que este tipo de redes no solo implican pérdidas millonarias para el erario, sino que evidencian fallas en los sistemas de supervisión en puntos neurálgicos como las aduanas marítimas, donde confluyen intereses comerciales, logísticos y delictivos. En ese contexto, la cooperación internacional —incluida la participación de agencias extranjeras— ha sido clave para rastrear movimientos financieros y operativos fuera del país.

Ahora, el proceso dependerá de la justicia argentina, que deberá definir si el excontralmirante es deportado por el uso de documentos falsos o sometido a un procedimiento de extradición para enfrentar cargos en México, donde se le investiga por delincuencia organizada y delitos relacionados con el manejo ilícito de combustibles.

Mientras tanto, la Semar intenta contener el impacto institucional del caso con un mensaje de disciplina y legalidad. Sin embargo, el episodio vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de fortalecer los controles civiles y la transparencia en corporaciones que, en los últimos años, han asumido un papel cada vez más amplio en la vida pública del país.