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Se dispara 73% pornografía infantil durante confinamiento



Alerta "Causa Común" sobre ese fenómeno.



Luis Ayala Ramos


Ciudad de México. La atención y prevención de los ciberdelitos en esta época de cuarentena no se están afrontando de una manera articulada entre autoridades federales, estatales, iniciativa privada y sociedad civil, alertaron expertos en una mesa de análisis sobre ciberseguridad convocada por Causa en Común.


Datos del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Dirección Científica de la Guardia Nacional, establecen que sólo del 15 de marzo al 15 de abril, la pornografía infantil aumentó 73% en el país.


María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró que en lugar de sumar al sector privado y a la sociedad civil para atender el cibercrimen, se les excluye en búsqueda de soluciones.


“No bastan los esfuerzos aislados, urge contar con un sistema nacional, dinámico y verdaderamente eficiente que coordine la prevención de este fenómeno delictivo y que facilite la procuración e impartición de justicia tanto en el ámbito municipal, estatal y federal, como en el plano internacional”, indicó Morera en la mesa que llevó por nombre 'Efectos secundarios de la crisis por el COVID19: cibercrimen'.


Por su parte, Radamés Hernández Alemán, director del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Dirección Científica de la Guardia Nacional, comentó que durante el mes de marzo y hasta el 15 de abril, la pornografía infantil aumentó un 73%.


Entre los principales cibercrímenes el funcionario comentó que están los llamados a saquear tiendas de autoservicio o de conveniencia, supuestas ventas de vehículos por parte del gobierno o fraudes relacionados con programas de gobierno, como el regalar tarjetas a las que se les tenía que cargar 300 pesos: “la situación de la pandemia sobre Covid-19 ha generado que la ciberdelincuencia dedique más tiempo a la actividad criminal mediante el uso de las tecnologías”, indicó Radamés Hernández.


En su participación, Luis Fernando García, Director Ejecutivo de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales R3D, refirió que en esta coyuntura por el COVID-19, donde hay más personas conectadas en sus casas y que pueden ser más propensas a ser víctimas de delitos cibernéticos, el Estado tiene más que nunca la obligación “de producir más políticas de ciberseguridad, siempre con un enfoque de respeto a los derechos humanos”.


En ese sentido se pronunció Andrés Velázquez, presidente y fundador de MaTTica, al considerar que hace falta mucha educación cibernética, ya que existe demasiado “analfabetismo digital”.


Además sugirió que el Estado involucre más a las organizaciones de la sociedad civil, a los expertos digitales, y a la iniciativa privada, “para crear una verdadera estrategia nacional de ciberseguridad, y marcos jurídicos más sólidos”.

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