
Así fue aprobado por unanimidad en la Cámara de diputados del Estado de México.
La reforma al Código Penal busca proteger a las personas menores de edad y a quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho delictivo.
Arturo Callejo
Toluca, México. Una vez que se reforme el Código Penal del Estado de México, quienes cometan un delito contra menores de edad o los induzca a cometer un delito, estarán en la cárcel de cinco a 10 años y pagarán entre 500 a dos mil días multa. Así fue aprobado por unanimidad en la Cámara de diputados del Estado de México.
Se destaca que si la finalidad de la asociación delictuosa o la pandilla que vincule a menores de edad, es cometer delitos graves, la pena se incrementa en una tercera parte.
También se contempla que, quien emplee, aún de forma gratuita, a personas menores de 18 años de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo, utilizando sus servicios en lugares o establecimientos donde preponderantemente se vendan bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas para su consumo inmediato o en lugares que por su naturaleza sean nocivos para el libre desarrollo de su personalidad o para su salud, se castigará con cárcel de dos a cuatro años y de mil a cinco mil días multa, además del cierre definitivo del establecimiento.
“La reforma al Código Penal busca proteger a las personas menores de edad y a quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho delictivo y por cualquier medio les obliguen, procuren, induzcan o faciliten conductas en su prejuicio”, indicó en Tribuna del Pleno legislativo, la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yesica Rojas Hernández.

Recordó que en la última década se ha incrementado la delincuencia en el territorio mexiquense, “y la seguridad es una deuda pendiente con la sociedad, víctima de las organizaciones criminales y de los delincuentes que actúan en los distintos sectores y aprovechan, sobre todo, la vulnerabilidad y pobreza de la población, lastimando seriamente a las familias mexiquenses”.
La diputada Rojas Hernández subrayó que existe una generación de jóvenes que creció en un ambiente de “guerra” contra el narcotráfico y que “han tenido un papel protagónico como víctimas y victimarios, sobre todo, como resultado de la pobreza, la marginación e impunidad siendo parte de una población lastimada y descuidada en las prioridades públicas”.
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