Redacción El Monitor
Toluca, México.- El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) alertó en torno a una serie de presuntas extorsiones cometidas en la región sur de la entidad que afectan al sector de la construcción, en esa zona.
Detalló que algunos grupos de personas se identifican como representantes sindicales, y piden dinero a empresarios a cambio de no detonar una huelga en su empresa.
El presidente del Poder Judicial mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar, informó sobre esos hechos, luego de que varias personas se hacen pasar por sindicatos legalmente registrados para así lograr su cometido.
Dicho "modus operandi" -refirió-, fue identificado entre agosto y septiembre de 2023, a través de hechos similares ocurridos en el sur del Estado de México, identificados específicamente en Valle de Bravo, donde algunos de estos sucesos fueron denunciados en redes sociales y medios de comunicación.
De acuerdo con lo informado, este ilícito surgió luego de que muchas empresas no legitiman oportunamente sus contratos colectivos de trabajo, situación que los volvió presa de los presuntos delincuentes.
Sodi Cuéllar, detalló que los responsables amagan a los empresarios mediante una amenaza de huelga o plantón, e incluso hacen uso de insignias como la bandera roja con negro, para intimidar a los empresarios, además de cerrar los accesos de entrada y salida de los inmuebles, interrumpiendo así las actividades de los centros laborales.
Las cuotas económicas solicitadas, principalmente al gremio de la construcción, son variables y hay casos en los que superan los 200 mil pesos.
“Obviamente no son montos pequeños, van de 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos, en los casos que detectamos, de donde sacamos la información y que no se judicializaron, por cierto, estaban pidiendo montos de 200 o 250 mil pesos por retirar las banderas de huelga e irse”, mencionó Ricardo Sodi, quien destacó que las penalidades que los ejecutores de este ilícito (extorsión) podrían alcanzar hasta 40 años de prisión, dependiendo la modalidad del delito (con violencia, sin violencia).
Pese a no precisar el número de casos identificados y denuncias procesadas, se destacó que suman tres casos los judicializados por este tipo de delito.
El magistrado presidente del PJ indicó que a la fecha no hay solicitudes de orientación o información sobre el tema por parte de los empresarios, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia mexiquense inició los trabajos de difusión en coordinación con las Secretarías de Seguridad, del Trabajo y de Desarrollo Económico estatales, además de alertar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
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