Redacción El Monitor
En un fallo considerado histórico, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos sentenció que México sí puede demandar a los fabricantes de armas en Estados Unidos por hacerse la vista gorda, lucrarse e inclusive ser cómplices de vender armas (muchas de ellas de uso exclusivo del Ejército de EU) a los cárteles de la droga, que luego usará en México para cometer sus crímenes y desafiar al Estado.
Así lo decidió la tarde del lunes la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que por primera vez dio la razón al Gobierno mexicano y revivió el caso que presentó en 2021 contra algunos de los nombres más importantes de la industria armamentista de su país vecino. El asunto regresa ahora a un tribunal de Boston (Massachusetts), el mismo que rechazó la demanda —alegando que las empresas gozan de inmunidad—, para ser revisado de nuevo.
El principal obstáculo que enfrentaba la causa mexicana es la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto impulsado durante el gobierno del republicano George W. Bush que blinda a la industria armamentista ante cualquier demanda surgida por el mal uso que se dé a sus productos.
Ese blindaje legal y la inmunidad que da a los productores de armas fue el argumento que usó la defensa de las armerías (liderada por un abogado del expresidente Donald Trump) para desestimar en 2022 el caso en una primera instancia en una corte de Massachusetts.
En esta ocasión, la Corte de Apelaciones decidió que la demanda presentada por las autoridades mexicanas contra las armerías y un distribuidor de armas siga adelante, alegando que la inmunidad no aplica en este caso, al tratarse de un país extranjero.
“Revertimos el fallo emitido (en primera instancia) sobre que la PLCAA impide presentar a México su demanda y solicitamos que se reanude el proceso judicial”, se lee en el fallo. Es la primera vez que una corte de apelaciones toma una decisión en este sentido desde que la ley que da inmunidad a las armanderías entró en vigor, en 2005.
A finales de julio de 2023, un equipo legal del Gobierno mexicano, bajo la gestión del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que seguía con los litigios contra la industria armamentista estadounidense en una corte de apelación en Boston, después de que un juez desechase la demanda por la que pedía una indemnización de 10 mil millones de dólares.
El consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio, dijo entonces que la apelación del gobierno mexicano a la demanda rechazada en primera instancia, insiste en que la ley que otorga inmunidad a empresas armamentísticas contra litigios de responsabilidad civil no aplica si los daños fueron en México.
“Es un gran avance para que la industria de las armas rinda cuentas por su contribución a la violencia armada y para detener el flujo de armas traficadas a los carteles”, señaló Jonathan Lowy, uno de los abogados que representa al Gobierno de México, en un comunicado..
La lista de empresas demandadas por México eran once, pero finalmente la Corte de Apelaciones las redujo a seis de las más grandes del sector y las más populares de los cárteles mexicanos: Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock, Colt’s y Ruger.
El Gobierno mexicano los acusa de prácticas comerciales negligentes: asegura que tienen estrategias deliberadas de marketing y diseño de productos para ser atractivas para los grupos criminales y beneficiarse del tráfico ilegal. “Mientras las drogas van de sur a norte, los fusiles llegan en la dirección contraria. Las compañías demandadas producen el 68% de las cientos de miles de armas que ingresan al país de forma ilegal cada año”, según la demanda.
“Durante décadas, el Gobierno (de México) y sus ciudadanos han sido víctimas de la cantidad letal de armas letales y de estilo militar que circulan desde Estados Unidos a lo largo de la frontera hacia manos criminales en México”, afirman los documentos judiciales. “En conjunto, los acusados producen más del 68% de las armas estadounidenses traficadas hacia México, lo que equivale a entre 342,000 y 597,000 armas cada año”.
“Es un gran paso”, dijo Marcelo Ebrard, que dejó su puesto como canciller en junio del año pasado para buscar (sin éxito) la candidatura presidencial de Morena.
A través de su cuenta de X, el exfuncionario federal aseguró que dicha resolución representa un paso para avanzar en la reducción de la violencia en nuestro país.
"La demanda que presentamos en 2021 establece la responsabilidad de la industria de las armas en el equipamiento de la delincuencia organizada. Al darnos la razón la Corte de Apelaciones se da un gran paso que nos puede llevar a reducir la violencia en México", señaló en la red social.
Alicia Bárcena, su sucesora en el cargo, hizo un exhorto a que las autoridades estadounidenses investiguen más a fondo el tráfico de armas de uso exclusivo del Ejército de EE UU a México.
El tema se ha convertido en una constante en la mesa bilateral de negociaciones y en los encuentros diplomáticos entre ambos países, como en la reunión ministerial que ambos Gobiernos sostuvieron la semana pasada en Washington. En el frente legal, la batalla regresa a Massachusetts, en un proceso previsto a durar varios años.
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