Redacción El Monitor
Toluca, México. Raymundo Hernández Mendoza, presidente de la Unión de Pensionados y Pensionistas del ISSEMyM A.C, responsabilizó de la situación que enfrenta el Instituto actualmente, a la mala administración y saqueo de las arcas, lo que ha llevado a la están bancarrota, afectando gravemente a los miembros de esta asociación civil.
Señaló que los propios pensionados no son responsables de esta problemática y que el gobierno no debería echarles la culpa, sino más bien a los deudores.
En torno a si además de dichas instituciones, han acudido a la Secretaría del Trabajo o la Junta de Conciliación y Arbitraje, el representante de los pensionados y pensionistas mencionó que, hasta el momento no se ha dado la oportunidad pero que lo harán en breve.
Por otro lado, dijo que la Defensa Estatal Integral para ese sector requieren un enlace que les brinde certeza jurídica a los más de 80 mil afectados en la entidad que se encuentran sin representante en el Consejo Directivo desde el año 2020.
Advirtió que de no obtener una respuesta favorable por parte de la Oficialía Mayor y de la Secretaría de Gobernación, podrían realizar una manifestación, tal como lo hicieron el pasado 14 de mayo.
Hernández Mendoza refirió que, actualmente, son la agrupación con más agremiados, por lo que su participación dentro del Consejo Directivo es vital para la toma de decisiones y la dirección que está tomando el Instituto.
Además, indicó que al excluirlos de las sesiones que realiza este ente, se está violando la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en su artículo 16, numeral 5.
En este sentido, la Ley es clara y menciona que el Consejo Directivo estará integrado por: una Presidencia, que estará a cargo de la persona titular de la Oficialía Mayor; 12 vocales que serán representantes del Poder Legislativo, Poder Judicial, de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Salud.
Asimismo, el artículo y numeral que refieren a los pensionados y pensionistas asegura que el consejo debe contar con un representante de la agrupación mayoritaria de pensionados
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