
Se calcula que la deuda global de los 125 municipios mexiquenses, que se heredaría a las nuevas administraciones, oscila en cinco mil millones de pesos, teniendo la mayor porción de la misma con proveedores, así como laudos y pago de salarios actuales.
Alicia Martínez Rangel
Toluca, México. El Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa en el congreso mexiquense, en la que plantea la sanción administrativa y penal para los funcionarios públicos municipales, especialmente alcaldes y tesoreros, que hereden adeudos con proveedores a las siguientes administraciones.
Actualmente se calcula que la deuda global de los 125 municipios mexiquenses, que se heredaría a las nuevas administraciones, oscila en cinco mil millones de pesos, teniendo la mayor porción de la misma con proveedores, así como laudos y pago de salarios actuales.
Tan solo esta semana, la alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, informó en sesión de Cabildo que 81 cuentas bancarias del ayuntamiento habrían sido embargadas; asimismo, se aprobó solicitar la desincorporación de dos predios municipales para ser subastados y destinar dicho recurso a cuentas por pagar.
Sin embargo, municipios como Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Coacalco están en situación financiera crítica, debido a los montos de deuda que registran.
Al no cumplir con los pagos comprometidos, no solo ocasiona merma y quebranto de micro y pequeñas empresas, sino deudas a las siguientes administraciones municipales que en muchas ocasiones se vuelven impagables, señaló la diputada María Luisa Mendoza Mondragón.
De esta forma, se plantea tipificar el delito de Obstrucción a la Inversión, para poder proceder penalmente contra los funcionarios o ex funcionarios municipales, por lo que para evitar la pena de cárcel tendrían que resarcir el daño; mientras que administrativamente se propone que quienes dejen pendientes pagos a proveedores, no se les extienda la cartas de no adeudos en los procesos de entrega y recepción de las administraciones municipales y se les pueda iniciar un procedimiento administrativo y resarcitorio.
El análisis de esta iniciativa fue turnada para su análisis a comisiones, por lo que su aplicación no podría ser efectiva en las administraciones que concluyen el encargo este diciembre próximo.
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