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Acusan contratos corruptos de ISSSTE por $88 mil millones


Redacción El Monitor


El Gobierno federal detectó en el ISSSTE casos de corrupción, moches y fraudes por unos 88 mil millones de pesos.

De acuerdo con los resultados de una investigación sobre los manejos financieros de los últimos 12 años, las presuntas irregularidades involucran a ex directores del Instituto, funcionarios, políticos y particulares.

La lista de abusos incluye la comisión de un fraude por 15 mil millones de pesos, por concepto de cobro irregular de pensiones.

Solo por este caso, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se ha logrado judicializar a 22 personas, de las cuales, ocho han sido vinculadas a proceso.

Los hallazgos derivaron en la presentación de 31 denuncias ante el ministerio público federal.

Actualmente se investiga a ex funcionarios por la presunta comisión de asociación delictuosa, falsedad en declaraciones, falsificación de documentos y ejercicio ilícito de servicio público.

"Lo más indignante era que los dueños de las empresas eran funcionarios, políticos y prestanombres", acusó la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.

La lista de irregularidades detectadas incluye desabasto de medicamentos, como consecuencia de contratos irregulares, robo hormiga en las farmacias del Instituto y abandono de unidades médicas, a las que se dio mantenimiento mínimo durante 20 años.

De acuerdo con el informe presentado, no se realizaron compras de equipo básico durante 12 años, y se desmanteló la plantilla de médicos y enfermeras, hasta llegar a tener un déficit de 36 mil trabajadores de la salud.

En el caso de las pensiones, el director del ISSSTE, Pedro Zenteno, sostuvo que se detectó un total de 100 casos irregulares, en los que los pagos llegaron a rebasar los 270 mil pesos mensuales.

El Procurador Fiscal, Félix Medina Padilla, reveló la existencia de "un esquema de saqueo y defraudación" que afectó al ISSSTE durante los últimos dos sexenios, por un monto de 15 mil millones de pesos.

"Se trata de un modelo de corrupción en el que extrabajadores del instituto, coludidos con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de los tribunales laborales tramitaron miles de juicios ante las juntas, federales de conciliación y arbitraje, en el norte del País, con el propósito de obtener una pensión más alta y beneficios fuera de la ley", acusó.



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