• MONITOR

Acusan al PJEM de "franco desacato" a la Ley de Amnistía




Alicia Martínez Rangel


Toluca, México. – La asociación civil pro Derechos Humanos, “Zeferino Ladrillero”, solicita la intervención de la Alta Comisionada de la ONU de manera “urgente e inmediata”, en materia de aplicación de la Ley de Amnistía en el Estado de México y, acusó al Poder Judicial de impedir una correcta aplicación de la misma.


Se expone en una carta entregada en la máxima tribuna internacional que, la aplicación de la Ley está en peligro de convertirse en letra muerta debido a que, se han detectado criterios incorrectos en la manera en la que se aplica dicho instrumento jurídico, por lo que se califica de poco garante y distante de su espíritu legislativo, como es el de construir la justicia social y hacer valer los derechos de todas las personas.


El abogado de la asociación “Zeferino Ladrillero”, José Antonio Lara Duque, destaca que el Poder Judicial del Estado de México, está en “franco desacato” a la Ley de Amnistía, al impedir que personas injustamente presas obtengan la libertad, a pesar del reconocimiento de violaciones serias al debido proceso en decenas de casos penales.

Asimismo, “se han detectado obstáculos burocráticos innecesarios que impiden que las personas con escasos recursos, opten por solicitar amnistía, al no ser un proceso asequible”.


Lara Duque explica que pese a que la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, Codhem, se ha pronunciado por las diversas violaciones en los debidos procesos, en el Poder Judicial se siguen criminalizando a las personas injustamente presas.


“Hay impartidores de Justicia que carecen de los elementos básicos para interpretar, por ejemplo, que una persona indígena tiene una seria de garantías jurídicas por el hecho de pertenecer a un grupo vulnerable en el país, en el mismo cao están, menores de edad, personas discapacitadas, adultos mayores y mujeres, entre otros”, señaló el también cofundador del Centro de Derechos Humanos.


Así, se pronunció por la intervención de la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para evitar que “se sigan atropellando los derechos humanos de miles de personas privadas de la libertad de manera injusta”.