Acusan a Rubén Rocha de nexos con “Los Chapitos” en EE.UU.

(Agencias)

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta una de las acusaciones más delicadas para un mandatario mexicano en funciones luego de que fiscales de Estados Unidos lo señalaran por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

La acusación, presentada en una corte federal, sostiene que el mandatario habría recibido respaldo político y protección territorial a cambio de facilitar condiciones para operaciones del narcotráfico y brindar cobertura institucional a estructuras criminales.

El caso coloca bajo una fuerte presión al gobierno mexicano y revive el debate sobre la penetración del crimen organizado en la política local. De acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, la investigación apunta a que operadores ligados a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán habrían intervenido en procesos políticos y de seguridad en Sinaloa, uno de los bastiones históricos del narcotráfico en México.

Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de señalamientos sin sustento, mientras que autoridades mexicanas exigieron pruebas contundentes antes de emitir cualquier juicio. Sin embargo, el señalamiento ocurre en un momento especialmente sensible para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, marcada por disputas sobre seguridad, tráfico de fentanilo y cooperación contra el crimen transnacional.

La acusación también golpea políticamente a Morena, partido con el que Rocha consolidó su carrera y que ha defendido una estrategia de seguridad distinta a la confrontación directa. Analistas advierten que el caso podría convertirse en un episodio clave para medir hasta dónde llegan las investigaciones estadounidenses sobre redes políticas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales mexicanas.

Más allá del terreno judicial, el proceso abre una nueva crisis política para Sinaloa, entidad atrapada durante décadas entre la disputa de grupos criminales, la presión internacional y las sospechas recurrentes sobre la relación entre poder político y narcotráfico.