Alistan batalla legal afectados de las universidades de Morena

Alumnos de las escuelas creadas por Morena en 2016, afectados por la decisión de sumar estos espacios al Programa de Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ), anunciaron una batalla legal para frenar el traspaso administrativo al Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (Crefal).

Raquel Sosa, encargada del proyecto, ha anunciado la intervención de este organismo internacional —con sede en el municipio michoacano de Pátzcuaro— para coordinar la operación de estas 100 nuevas universidades.

En conjunto, los perjudicados presentarán un amparo por violaciones a derechos humanos y, en específico, por atropellos a su derecho a la educación. La iniciativa es encabezada por profesores y estudiantes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA), la cual funcionó durante estos tres años en la alcaldía de Cuauhtémoc y cuyo director, hasta hace unos meses, fue Netzaí Sandoval Ballesteros, actual titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, y que es hermano de Irma Eréndira, secretaria de la Función Pública.

La esencia del documento es el artículo 3 de la Constitución —ya con la reforma publicada ayer—, en el cual se otorga al Estado la facultad exclusiva de regular la educación pública, en todos sus niveles, y determinar planes de estudio. Y la inexistencia de alguna norma en la cual se permita la participación de una instancia internacional como Crefal en la reglamentación educativa.

En días recientes, Crónica abordó el drama de jóvenes cuya historia académica fue anulada por la resolución de liquidar las asociaciones civiles con las cuales se sustentó a las escuelas de Morena; algunos de ellos se alistaban para organizar su proyecto de tesis. Sin embargo, con el argumento de la transición a Crefal, Raquel Sosa canceló semestres, dio de baja a profesores, tomó las instalaciones y forzó a los chicos a iniciar de nuevo una carrera, incluso distinta a la cursada. Son los casos de la Normal José Santos Valdés de Xochimilco, y la Escuela de Ingeniería Heberto Castillo en Tláhuac, las cuales han buscado durante los últimos años su registro ante la Secretaría de Educación Pública.

En principio, la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, la cual sí logró en la SEP el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), parecía ajena a las arbitrariedades. Sin embargo, ahora lidera el juicio de amparo, recurso respaldado por sectores de otros colegios morenistas.

Un grupo de estudiantes de Derecho entregaron a este reportero un escrito donde se detallan inquietudes y bases legales:

“Hoy la incertidumbre campea en el edificio de González Obregón 9 —sede de la escuela—. Nos han dicho las autoridades provisionales que suspenderemos las clases hasta agosto, que la sede cambiará a un edificio que aún se encuentra en ruinas, que ya no serán trimestres sino semestres, que desaparecerá el turno intermedio, que despedirán a maestros que no sean de tiempo completo, que la Asociación civil está en liquidación y, con ella, su Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, y que nuestra institución será administrada por un organismo internacional”.