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Plantea MORENA retirar privilegios y pensiones a ex gobernadores


Toluca, México. La diputada Azucena Cisneros Coss, presentó a nombre de la fracción parlamentaria de Morena una iniciativa por la que se derogan los decretos 86 y 87 en los que se establece el derecho a prerrogativas, privilegios o servicios de seguridad personal a los ex gobernadores del estado de México, con cargo al erario público.

El decreto 87 de la 36 legislatura estatal, establece que los premios y recompensas por servicios importantes prestados al estado que merezca el gobernador de la entidad, se le otorgarán después de haber terminado su gestión al frente del poder ejecutivo.

Posteriormente se publicó el decreto 86 en 1993 en el que se establece el personal asignado al ex titular del ejecutivo estatal; Un jefe de ayudantes con categoría de subdirector, rango 9 con nivel de jefe de ayudante de secretario general de gobierno, un chofer ayudante con rango cinco, tres ayudantes con categoría oficial de seguridad pública nivel 14, una secretaria con categoría de secretaria particular de secretario nivel 27 rango 9 del gobierno estatal.

Cisneros Coss añadió en entrevista previa a la sesión plenaria de este martes, que aunque no se ha reconocido abiertamente la existencia de una pensión a los ex gobernadores, con la abrogación de dichos decretos no habrá lugar a la asignación de personal o bonos con cargo al erario público, ya que hacerlo contraviene las disposiciones legales en las que se establece una temporalidad específica para el desarrollo del cargo para el que una persona es elegida.

“Estamos hablando de casi 150 a 160 personas con cargo al erario con sueldos variantes desde los 15, 20 mil pesos, hasta asesores con salarios aproximados de 40 mil pesos”.

Agregó que en un estado de emergencia y con las deficiencias presupuestales en diferentes rubros y organismos estatales como el propio Issemym, es urgente que se adelgace el presupuesto del gobierno estatal que no beneficia al grueso de la población.

“No podemos seguir asignando un personal cuando ya no son servidores públicos y en un estado de emergencia en donde lo que necesitamos es que el presupuesto se adelgace en temas que tiene que ver con atenciones y con recursos personales o con privilegios y que se amplíen en programas sociales”, dijo.

Finalmente, la legisladora señaló que si los ex gobernadores consideran que tras concluir su mandato requieren de seguridad personal, deberán acudir a la propia ley que establece protocolos para tal fin.

“La misma fiscalía ha establecido protocolos donde está en riesgo cualquier funcionario público pueda acceder a la seguridad como cualquier ciudadano, son casos justificados y la ley establece dicha facultad”, puntualizó.