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Exhorta Legislatura a esclarecer hechos   violentos en San Juan Ixhuatepec



Toluca, México. La 60 Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad un punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a la alcaldesa de Tlalnepantla, al titular de la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen los hechos ocurridos la noche del 11 de noviembre pasado, en la colonia San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla de Baz.

Al dar lectura al punto de acuerdo, el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Jucopo y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, expresó que la Legislatura reprueba rotundamente la conducta de los mandos superiores de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y de sus policías, quienes cruzaron el territorio limítrofe de la Ciudad de México con motivo de una persecución supuestamente en flagrancia e ingresaron al territorio del Estado de México.

“Irrumpieron en el territorio mexiquense sin cumplir con el convenio de colaboración y el protocolo correspondiente, y agraviaron a las y los pobladores de San Juan Ixhuatepec. Hicieron uso excesivo de la fuerza pública, lo cual se aprecia en los videos que se han transmitido en las redes sociales”, señaló.

Las y los diputados exhortan al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, para que en su calidad de responsable de salvaguardar la soberanía del estado y la seguridad pública estatal, gire sus instrucciones a las instancias competentes para que se investigue la invasión del territorio mexiquense por parte de elementos de la policía de la Ciudad de México.

También le solicita que se investigue a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública estatal que hayan sido omisos en vigilar y cuidar el orden público en el territorio mexiquense, a fin de proteger la seguridad de las personas, su patrimonio y sus derechos.

En el documento piden a Aurora Denisse Ugalde Alegría, presidenta municipal de Tlalnepantla de Baz, que en su calidad de responsable de la seguridad pública municipal y por conducto del órgano de control interno se investigue y se instauren procedimientos administrativos disciplinarios y se impongan sanciones a los integrantes de la corporación de Seguridad Pública Municipal que hayan sido omisos en atender las llamadas de auxilio de la población.

El requerimiento —signado también por los legisladores Miguel Sámano Peralta (PRI) y Armando Bautista Gómez (PT), vicepresidentes de la Jucopo; por el secretario, Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN), y los vocales Carlos Loman Delgado (PES) Omar Ortega Álvarez (PRD) y José Alberto Couttolenc Buentello (PVEM)— va dirigido también a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, fiscal general de Justicia del Estado de México, para que investigue los hechos ocurridos en esta colonia, a efecto de que los órganos jurisdiccionales inicien los procesos penales, deslinden responsabilidades, garanticen la justicia en la aplicación del derecho y sancionen a los responsables.

Ante la falta de protección de los elementos de seguridad pública estatal y municipal hacia los habitantes agredidos, la Asamblea también extendió el exhorto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), para que investigue de oficio e intervenga por la violación de derechos humanos en agravio de las y los pobladores de esta demarcación.

El presidente de la Jucopo dijo que el abuso de poder constituye un comportamiento ilegal por parte de los servidores públicos y es indiscutiblemente una violación de los derechos humanos. “La única labor policial eficaz es la que se realiza dentro del respeto al marco jurídico; el hecho de distorsionar o infringir las leyes, normas o reglamentos, afecta a la población, sobre todo cuando el uso de la fuerza es arbitrario, excesivo o ilegal”, señaló.

Dijo que la unidad de granaderos capitalinos a su paso dejó como saldo personas golpeadas y lesionadas, destrozo de automóviles y puestos de comida, diversos daños a la propiedad privada, hogares allanados sin órdenes emitidas por las autoridades competentes y amedrentamiento con balazos. “En resumen, un clima de violencia, maltrato y criminalización a la poblac