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Niños sicarios



*La promesa del dinero a cambio de muerte.

Amatepec, México. Se pasan la voz por facebook y whatsApp; la promesa es siempre la misma: “si aprendes a usarla vas a ganar mucho dinero, acá te entrenamos y en una semana vas a ser un chingón”.

Es así como decenas de niños y adolescentes de la región de sur del Estado de México, en colindancia con el Estado de Guerrero, principalmente, entran al mundo del crimen organizado, una puerta que rara vez tiene regreso.

Sin embargo, cada vez se hace más habitual que familias completas vivan de los recursos que eroga el trabajo de moda entre los adolescentes: ser sicario o “halcón” de tiempo completo.

Total, se trata de carne de batalla cuya manutención es barata, tomando en cuenta los onerosos “salarios” que exigen sicarios con experiencia. En el peor escenario, las bajas de menores en esta “labor”, no representan mayor problema para sus contratantes.

Finalmente, -como se piensa-, son gajes del oficio, si mueren, es bajo la ley que reza: el que a hierro mata, a hierro muere". Es un secreto a voces, los niños sicarios son una realidad, aunque al parecer invisibles para sus padres, para la sociedad y para las autoridades.

Historias así se conocen muchas en Amatepec, Luvianos, Tejupilco, Tlatlaya; cada vez son más los menores, que convencidos de que harán mucho dinero fácilmente, le entran al mundo de la droga, las armas y la muerte a temprana edad.

Muchachos con menos de 18 años, la mayoría con familias desestructuradas, violencia en sus casas, bandas criminales alrededor y difíciles condiciones socioeconómicas.

Algunos de ellos jalaron el gatillo por primera vez cuando apenas tenían 12 años y otros conocieron una celda antes de cumplir 15.

Son pandilleros, asaltantes o sicarios baratos que el crimen organizado usa como materia desechable.

Pese a que algunos padres y docentes están muy preocupados por el número creciente de niños y adolescentes que perecen a causa de las armas de fuego, existe un lecho legal en la Constitución mexicana, que abre de manera ambigua y con pocas limitaciones claras a las posibilidades en este tema.

En su artículo 10, nuestra Carta Magna señala que todos los habitantes del país "tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa", con excepción de las armas prohibidas por la ley y reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Este derecho está condicionado por los requisitos que marca la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre ellos, tener "un modo honesto de vivir", haber cumplido el servicio militar o no consumir drogas. Lo cual, a todas luces, es ambiguo y poco claro.

También es necesario acreditar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la necesidad de portar armas, ya sea por la naturaleza de la ocupación de la persona, las circunstancias especiales del lugar en que viva o "cualquier otro motivo justificado".

En la ley parece que hay ambigüedad y discrecionalidad por parte de la autoridad para decidir a quién se le da y no se le da permiso.

Si a esto le sumamos que en México no hay cuerpos de seguridad que respondan si se produce un abuso con el derecho de portación de armas, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, donde las leyes son más flexibles pero los policías están preparados para actuar de manera eficaz, entonces el problema toma dimensiones atroces.

Un entorno donde el acceso a las armas es fácil, con reglamentación ambigua y efectivos policiacos sin capacidad de respuesta pues, muchas veces, su armamento es más obsoleto que el usado por el hampa, tal y como ocurre en las calentanas tierras del sur mexiquense.