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Por Horacio López



Siempre será polémico hablar sobre el uso de la fuerza pública para contener la violencia ya sea en lo individual como en lo colectivo. Y más ahora que varias voces exigen con vehemencia que no se violen lo derechos humanos de los delincuentes, aunque ello implique un clima de impunidad.

No es de extrañar que la animadversión social que se tiene contra los policías sea un fenómeno que en lugar de irse diluyendo con el paso del tiempo, ha tomado más grosor y gran culpa de ello es que varios uniformados se han encargado, con su mal actuar, de dejar mal paradas a las instituciones de seguridad de todo el país.

Rara vez la gente respeta a los uniformados estatales y ni qué decir de los municipales. En redes sociales hemos atestiguado como conductores le 'avientan' su auto a policías de tránsito con tal de evitar ser multados por alguna infracción.

Solo se le tiene temor a los policías federales, de ahí en fuera, las corporaciones policiacas en el país sufren de vacío de poder.

De la autoridad ha faltado un trato (salarios y equipo) más justo para los policías, así como una campaña constante que reivindique su papel y la importancia y relevancia de éste en el complejo quehacer social y colectivo.

No bastando con estas omisiones, ahora se pretende disminuir más su ya acicalado poder de los uniformados. Durante el análisis de la iniciativa de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México, que actualmente lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que será discutida por el pleno el próximo 27 de marzo, el ministro Alberto Pérez Dayán propone una serie de criterios para limitar el uso de armas letales y no letales por parte de los elementos de seguridad.

Así, la existencia de una agresión real no implica, en sí y por sí misma, que los agentes policiacos estén en plena libertad de hacer uso de la fuerza, ni mucho menos de armas letales. El uso de éstas últimas depende de la observancia de los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad.

Para que la aplicación del uso de la fuerza sea válida, la acción debe estar precedida por acciones pacíficas que hayan resultado inútiles, además de previo diálogo con el o los agresores o delincuentes.

Con lecturas así ¿A dónde vamos a parar? De aprobarse ese tipo de criterios, por lo menos en el EDOMÉX los policías tendrán más candados para hacer su trabajo con el riesgo de que si le disparan a un maleante para evitar una tragedia, los uniformados acaben en la cárcel.

Valdría la pena verificar que los nuevos ordenamientos legales en la materia no nos hagan más rehenes de la delincuencia, a fin de no agraviar sus derechos.


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